Quieren saber que propiedades tenemos

Los pisos turísticos se han ido expandiendo especialmente en las principales ciudades europeas y en zonas con alta demanda. Este fenómeno permite que un propietario de una vivienda que no utiliza en alguno de estos puntos calientes se pueda ganar un buen extra económico. Pero también ha generado tensiones en el acceso a la vivienda y ha complicado todavía más encontrar alquileres disponibles para su uso habitual.

A esto se suma otro problema: la falta de control sobre cuántas viviendas se destinan a este uso. Aunque existen normativas recientes a nivel nacional o autonómico que han intentado regular la expansión de esta nueva práctica, no siempre es fácil verificar si un piso cumple con los requisitos o si está operando al margen de la legalidad.

Por eso, la Unión Europea ha decidido aprobar una nueva normativa, el Reglamento europeo sobre alquileres de corta duración, que obligará a los Estados miembros, incluido España, a implantar un sistema de registro para este tipo de prácticas. La idea es que cada vivienda tenga un número identificativo único que permita seguir su actividad.

Este registro será obligatorio y servirá para que las autoridades puedan comprobar si esos alojamientos cumplen con la normativa vigente. De esta forma, se pretende evitar que se anuncien pisos sin licencia o que no respeten las condiciones exigidas en cada país.

Además, las plataformas digitales como Airbnb que intermedian en estos alquileres tendrán que facilitar información a las administraciones. En la práctica, esto significa que deberán compartir datos sobre las viviendas anunciadas para que puedan ser supervisadas de forma más eficaz.

Eso sí, cabe remarcar que la Unión Europea no entrará a regular precios ni a limitar directamente el número de viviendas turísticas. Esas decisiones seguirán dependiendo de cada país, aunque ahora con más herramientas para vigilar el sector. Lo que permitirá esta nueva normativa es que, con estos datos, las autoridades puedan actuar con mayor rapidez ante posibles irregularidades.

En cuanto a los plazos, la normativa deberá aplicarse de forma progresiva una vez entre en vigor previsiblemente entre 2026 y 2027, ya que los Estados miembros tendrán que adaptar sus sistemas con un plazo máximo de 24 meses. En el caso de España, donde este tipo de alquiler tiene mucho peso, el cambio puede ser especialmente relevante.

Fuente: Mundo Deportivo