El Gobierno retira la mascarilla
Sanidad debe entregar los informes de los expertos el 8 de febrero en la Audiencia Nacional, un día después de que se elimine el uso obligatorio de los tapabocas
Era un clamor que ya tiene fecha de caducidad. El Gobierno eliminará el uso obligatorio de la mascarilla en los transportes públicos el 7 de febrero. Casualidad o no, un día después tendrá que entregar obligado por la Justicia los informes de los expertos que justificaron mantener la medida durante meses a pesar de que la UE recomendó dejarlas de llevar en julio. La Audiencia Nacional establece el día 8 como fecha límite para que Sanidad envíe la documentación elaborada por la Ponencia de Alertas del Consejo Interterritorial de Salud tras admitir a trámite un recurso interpuesto por Liberum.
La asociación, que vela por los derechos humanos y del consumidor, presentó el recurso contencioso-administrativo el 20 de noviembre, cuando el uso obligatorio de la mascarilla en los transportes públicos ya era historia en muchos países del continente. Avalado por los expertos, el Gobierno decidió que España sería una excepción. Tanto que el 9 de diciembre se convirtió en el único lugar de Europa donde llevar el tapabocas seguía siendo forzoso.
Liberum impugnó la decisión del Gobierno ante la Audiencia Nacional al entender que seguía imponiendo la mascarilla «sin tener en cuenta las mejoras en la situación epidemiológica». La asociación estimó en su queja, según el auto al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, que el Ministerio de Sanidad estaba «incumpliendo el protocolo de actuación frente a la covid-19», en vigor desde el 3 de junio del año pasado y revisado el 8 de noviembre.
Los plazos del Gobierno
Las operaciones judiciales estuvieron dirigidas por la letrada Inmaculada Jaén. «Presentamos el recurso contra la inactividad de la ministra Carolina Darias, que ante un riesgo normalizado de la pandemia decidió mantener la mascarilla cuando Europa decía lo contrario», reconoce Luis María Pardo, uno de los abogados que participó en la elaboración del escrito.
Uno de los objetivos que perseguían era que la ministra, como presidenta del Consejo Interterritorial del Sistema de Salud, aportara los informes que avalaron la decisión de mantener la mascarilla. Para hacerlo, el Gobierno se ha parapetado en la opinión de los expertos. «Hasta ahora no se ha publicado ninguno y queremos saber qué dicen», insiste Pardo.
La Ponencia de Alertas a la que se refiere el recurso está formada por un amplio abanico de profesionales: desde los del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias que preside Fernando Simón (que avanzó la decisión de Darias) a un representante del Instituto de Salud Carlos III pasando por los directores y subdirectores de Sanidad de las 17 comunidades autónomas.
El 10 de enero, la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional decidió admitir a trámite el escrito formulado por Liberum. Y eso, a pesar de que la Abogacía del Estado esgrimió que la competencia para resolver el asunto correspondía a la Sala Tercera del Tribunal Supremo porque lo que se estaría impugnando sería el real decreto que modifica la obligatoriedad del uso de las mascarillas.
Fuente: The objective
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